“En la historia política de la República Dominicana no se registra una etapa de persecución religiosa tan tenaz como la desatada contra los Testigos de Jehová por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina entre 1940 y finales de la década del 60, expresó Miguel Guerrero, escritor, periodista e investigador durante la ceremonia en la que fue recibido como miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia.
Ante integrantes de la entidad e interesados en la historia, el investigador disertó acerca de la “Persecución y vigilancia de los Testigos de Jehová durante la tiranía de Trujillo y la colaboración de la Iglesia Católica en la represión de la secta”, basándose en documentaciones oficiales y otros datos obtenidos en su indagación.
Dijo que pretendía demostrar que esa persecución “constituyó una real y efectiva política de Estado, sin que existiera amenaza real contra la estabilidad política nacional y, mucho menos, contra el predominio de la religión católica sobre las demás denominaciones religiosas cuyas prácticas la Constitución de la época permitía”.
Afirmó que los primeros misioneros de los Testigos de Jehová llegaron a la capital dominicana el domingo 1 de abril de 1945, y fueron Lennart y Virginia Johnson, una pareja estadounidense graduada de Galaad.
Afirmó que en el Yearbook (Anuario) de la organización de 1946 se dice que el país era “territorio virgen” y que la pareja se vio precisada “a empezar de cero”. “No existían entonces sucursales ni Salones del Reino ni mucho menos congregaciones. Los misioneros apenas hablaban unas palabras en español y no tenían donde quedarse”, puntualizó.
Enfatizó que la persecución desatada contra los seguidores de esa secta no tenía límites.
“El procurador fiscal de Santiago, Joaquín Santaella, envió un ‘memorándum confidencial’ directamente a Trujillo y puesto en conocimiento de este dos días más tarde, a las 9:35 am., informándole que ese mismo día la Primera Cámara Penal de ese Distrito Judicial había impuesto la pena de dos años de prisión correccional y al pago de las cuotas procesales a la menor María Luisa Pacheco, inculpada del delito de violación a la resolución 1443 sobre los Testigos de Jehová”, indicó.
Dijo que a pesar de la represión, los seguidores de la secta seguían creciendo y que el 2 de marzo de 1955 el gobernador de Salcedo informaba a Trujillo el aumento de los seguidores y el involucramiento de familias enteras que cedían sus casas para reuniones con los simpatizantes de la secta en diferentes comunidades de la provincia como Los Cacaos, Ojo de Agua, Loma Azul, Blanco Arriba y Cañete, señalando que dichas actividades habían aumentado desde la puesta en libertad de varias personas acusadas de practicar dicha doctrina.
Agregó que el gobernador provincial Alberto Valentín identificaba con sus nombres a las 141 personas pertenecientes a los Testigos de Jehová, 68 de los cuales residían en Los Cacos, 3 en Ojo de Agua, 24 en Loma Azul, 40 en Blanco Arriba y 6 en Cañete, con amplios detalles de las casas donde solían reunirse.
“Según el gobernador, estas acciones contaban con el visto bueno de las autoridades católicas de la zona. En su informe a Trujillo, el gobernador de Salcedo le informó que había dispuesto que en la iglesia católica de Los Cacos se celebrara una reunión agro-política el sábado 12 del mes para luego de una misa por la salud de Trujillo y el presidente de la República, su hermano Héctor Bienvenido, también generalísimo, los padres agustinos recoletos, encargados de la parroquia de Salcedo, visitaran con más frecuencia los lugares donde solían reunirse los seguidores de los Testigos de Jehová ‘en interés de que celebren oficios religiosos y hagan prédicas acerca de la religión de Cristo’”, expresó.
Miguel Guerrero sostuvo que la persecución contra los practicantes se intensificada oficialmente en 1950, en virtud de una medida administrativa de Interior y Policía, y que en los años siguientes la tiranía de Trujillo desató una intensa política de discriminación contra los Testigos de Jehová, que llevó a la cárcel y al exilio a cientos de seguidores de esa secta, con el visto bueno y complacencia de la jerarquía católica.
Manifestó que en el clímax de esa campaña, el Congreso dominicano aprobó una ley el 26 de julio de 1957, declarando ilegal todas sus actividades y la propagación de la doctrina.
“A mediados del año siguiente, el exiliado periodista dominicano Germán Emilio Ornes publicó que la prensa dominicana se había hecho eco de acusaciones formuladas por altos funcionarios contra los Testigos de jehová de propiciar “actividades sediciosas y perniciosas”, afirmó.
Dijo que en su libro “Trujillo, pequeño César del Caribe”, Ornes señala que las nuevas acciones represivas comenzaron después que un sacerdote jesuita llamado Mariano Vásquez Sanz denunció la secta por la emisora radial La Voz Dominicana, como servidores del comunismo tildándolos de “perversos, astutos, criminales y traidores enemigos”.
Refirió que Ornes dice que luego fue emitida una carta pastoral firmada por los obispos Ricardo Pittini y Octavio Antonio Beras, exhortando a los curas “a protestar desde sus parroquias contra la terrible herejía”.
Miguel Guerrero indicó que el viacrucis de los Testigos de Jehová se agravó y la persecución de sus miembros adquirió carácter de Estado a partir del 21 de junio de 1950, cuando la Secretaría de Estado de lo Interior y Policía emitió una disposición prohibiendo las reuniones de los miembros de esa congregación, poniendo al margen de la ley todas las manifestaciones y actividades relacionadas con ese ministerio.
Expresó que la “medida sostenía que la secta y sus asociados sustentaban y difundían doctrinas atentatorias a los principios y fundamentos del sistema representativo de gobierno’ e igualmente a la observancia de las leyes y reglamentos emanados de cuerpos y autoridades legítimas.
Sostuvo que además se refería al hecho de que a los prosélitos de dicha asociación les estaba vedado participar en las elecciones y que solo obedecían a las leyes si estaban en armonía con los principios de esa religión.
“La medida también se refería al hecho de que los practicantes de la secta no pueden formar parte de los cuerpos armados de la República, ni rendirle culto a la bandera”, explicó.
Argumentó que la campaña se hizo más severa en los dos años siguientes, pero que a partir de 1959, cuando afloraron las divergencias entre el régimen y la jerarquía católica, ante la insistencia de Trujillo de obtener el título de Benefactor de la Iglesia, se decidió levantar la proscripción contra la secta.
“El 12 de mayo de 1960 en virtud de la aprobación por el Congreso de la Ley No. 5347 se derogó la disposición dictada el 26 de julio de 1957, que prohibía las actividades de los testigos de Jehová y la propagación de sus doctrinas”, puntualizó.
Guerrero fue recibido con un discurso del sacerdote José Luis Sáez, miembro de número de la Academia, y por la presidenta de la entidad, Muy Kien Sang Ben, quien resaltó su destacada trayectoria como historiador.
